¿Deudas con Hacienda? Aprende cuando se extinguen o prescriben.
La Ley General Tributaria contempla varios supuestos de extinción y prescripción de deudas tributarias. Si tienes deudas con Hacienda, te interesa leer este artículo.
¿Cuándo se extingue la deuda?
Hay algunas razones obvias que debes conocer, a pesar de que, tal vez, no son las primeras en las que estás pensando.
- Pagando la deuda. Mediante el pago de la deuda se extingue su obligación. Te recomendamos disponer de carta de pago actualizada a fecha del día en que vayas a realizar el pago para evitar que un cálculo erróneo de intereses o recargos hagan que queden cantidades pendientes.
- Por compensación. La deuda también puede extinguirse total o parcialmente si Hacienda tiene una deuda a tu favor. Por ejemplo, si tienes pendiente percibir una devolución de la declaración del IRPF, la Agencia Tributaria compensará las cantidades debidas con aquellas que te tenía que devolver. Si el importe de la deuda supera la cantidad que Hacienda debe devolverte, la cantidad restante continuará quedando a deber y generando intereses y recargos.
- La condonación de la deuda también és una opción posible aunque no muy frecuente. El Código Civil recoge la posibilidad de que Hacienda perdone de forma total o parcial una deuda.
- En el caso de deudas aduaneras, también es posible la extinción en los casos en los que la normativa así lo establece (haremos artículo específico sobre esta materia).
- Finalmente, también habrá extinción de la deuda si esta acaba prescribiendo.
¿Cuándo prescribe la deuda?
El artículo 66 de la Ley General Tributaria dice lo siguiente:
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
- El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
- El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
- El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
- El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
Estos cuatro años son contados a partir del término del plazo reglamentario y voluntario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
Se trata, además, de una extinción de oficio, es decir, que se da sin que haya reclamación por parte de la persona interesada, del obligado tributario. Por tanto, pasados estos cuatro años, la Administración no puede exigir el pago de la deuda tributaria y sus correspondientes sanciones, pero el autónomo o la pyme (el contribuyente en general) también pierden el derecho a realizar cualquier acción derivada, esto es por ejemplo, la solicitud de la devolución de ingresos indebidos.
Si bien es cierto que cuatro años es el plazo general de preescripción de una deuda tributaria, Hacienda puede interrumpir el proceso mediante envío de notificación, por motivos específicos que se dan en caso del derecho de la Administración tanto a liquidar o a exigir el pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas y a solicitar devoluciones y reembolsos como el derecho del contribuyente a obtener también devoluciones o reembolsos. Aunque como decimos los motivos son específicos, las causas más destacables para la interrupción del plazo de preescripción son:
Cualquier acción o movimiento de la Administración tributaria sobre la deuda tributaria puestos en conocimiento del deudor.
La interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase ante las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de las mismas.
Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario sobre la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, la devolución, reembolso o rectificación de la autoliquidación.
Por cualquier actuación de Hacienda para realizar la devolución o el reembolso.
Por la declaración de concurso de acreedores por parte del deudor.
La recepción de la comunicación de un órgano judicial en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
Además, es importante saber que si recibes una notificación de Hacienda con aviso de inicio de procedimiento de inspección, el plazo de prescripción ya no será de cuatro años sino que se amplía a ocho años.
Por último, decir que el plazo de prescripción también se amplía a diez años en caso de procedimiento de comprobación por parte de Hacienda de las deudas compensadas o pendientes de compensación así como de las deducciones aplicadas o pendientes de ello, por lo que es imperativo legal mantener la información justificativa durante ese periodo de tiempo.
Facturar a Canarias, Ceuta o Melilla
Las Islas Canarias, Ceuta y Melilla tienen unas características fiscales diferentes a las del territorio “común” que deberás conocer si tienes que emitir facturas a clientes ubicados en esos territorios.
La más relevante a nivel de facturación es que en estas regiones no se aplica el IVA, sino que tienen tributos propios que deberás conocer. En Canarias tienen el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), mientras que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla utilizan el IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de las ciudades de Ceuta y Melilla).
Cuando una operación tenga orígen en cualquier punto de la península ibérica y tenga como destinatario un cliente ubicado en Canarias, Ceuta o Melilla deberás tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Prestación de Servicios
Dependerá si se prestan a una empresa o a un particular. Si se trata de un particular, el prestador deberá aplicar el IVA peninsular, salvo en los casos de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión así como aquellos que se realicen por via electrónica, en cuyo caso se gravarán en el lugar de residencia del cliente, es decir, IGIC o IPSI.
Si se prestan servicios a una empresa, aplica Inversión del Sujeto Pasivo, por lo que los servicios se considerarán prestados en el lugar en el que el cliente tenga su sede de actividad o establecimiento permanente, y será el cliente quien deberá hacerse cargo de liquidar el impuesto. En este caso, las facturas serán con 0% de tributo. Y el prestador registrará la operación como no sujeta.
Venta de productos
En el caso de las ventas de productos, y aunque tanto el archipiélago canario como las ciudades autónomas se encuentran en el territorio español, las operaciones comerciales se consideran importaciones y exportaciones. El vendedor está exento del pago del impuesto, mientras que el comprador debe pagar el IGIC o el IPSI del producto comprado y el IGIC o el IPSI del resto de aranceles aduaneros que correspondan.
Indemnización por despido: ¿está exenta?
Las indemnizaciones por despido se consideran rendimientos del trabajo, y por lo tanto tributan en el IRPF como un ingreso más del trabajador fruto de su relación laboral con la empresa que le contrata.
No obstante, la normativa del IRPF prevé algunas situaciones en las que las indemnizaciones estarán exentas de tributar, aunque el trabajador siempre estará obligado a comunicar a Hacienda el importe recibido de la empresa.
Los límites de la exención vienen determinados en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Según el 7.e) LIRPF, desde el 1 de agosto de 2014, todas las indemnizaciones por despido tributan como rentas del trabajo a partir de los 180.000 euros y solo por la parte que excedan ese límite. Estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Mención especial merece la Consulta vinculante DGT nº V0471-16 donde se introduce un matiz no menor. La Dirección General de Tributos aclara que deberá tenerse en cuenta “a efectos del cálculo de la indemnización exenta, el número de años de servicio serán aquellos que, de no mediar acuerdo, individual o colectivo, se tendrían en consideración para el cálculo de la indemnización”; es decir, que el importe exento habrá de calcularse “teniendo en cuenta el número de años de servicio en la empresa en la que se produce el despido, y no la antigüedad reconocida en virtud de pacto o contrato, individual o colectivo.” De esta forma se establece que debe diferenciarse entre la antigüedad y el número de años de servicio a los que se refiere el Estatuto de los Trabajadores.
Al margen de estos matices, que pueden tener mucha relevancia, en función del caso, la indemnización por despido está exenta hasta el límite fijado en el Estatuto de los trabajadores y siempre con un máximo de 180.000 euros. Habrá que tener en cuenta si el despido ha sido improcedente, ya que en caso de este despido improcedente solo está exento si ha habido conciliación o acuerdo judicial, en caso contrario el importe de la indemnización por despido tributaría.
Con respecto a este asunto hay que indicar que la persona que haya utilizado los servicios de defensa jurídica podrá deducir hasta un máximo de 300 euros anuales dentro del apartado de Rendimientos del Trabajo, por tanto esta persona si ha utilizado los servicios de un abogado podrá aplicar esta deducción.
Por último, hay que recordar a todas las personas que hayan sido despedidas y hayan cobrado una indemnización que haya estado exenta, que si por algún motivo vuelven a ser contratados con la misma empresa o con alguna directamente vinculada en el plazo de tres años desde que se produjo el despido, deben saber que su indemnización cobrada en su día dejaría de estar exenta y tributaría, por lo cual ahora que vuelve la recuperación económica si alguien tiene la oferta para volver a su antigua empresa que revise si han pasado o no tres años desde el despido o por el contrario que revise cuanto le puede costar esto en el IRPF.
