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El Gobierno confirma que ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad a autónomos más allá del 30 de junio

El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La finalización del reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad el 30 de junio ha generado una situación de incertidumbre en este colectivo. No obstante, queremos informarles de que el Gobierno tiene la intención de ampliar esta ayuda más allá del 30 de junio 2020, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La prestación extraordinaria fue introducida en pleno estado de alarma por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para cubrir «la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria».

Su duración viene aparejada necesariamente a la del estado de alarma, cuya sexta y última prórroga tiene un plazo de vigencia del 8 al 21 de junio. Teniendo en cuenta la normativa dictada en el periodo de crisis sanitaria y salvo acuerdo en contrario, el 30 de junio finalizará la vigencia de la prestación.

Propuestas del colectivo de autónomos para prorrogar la prestación

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos, ATA, UPTA y UATAE han venido solicitado a los ministros de Economía, Trabajo e Inclusión desvincular al estado de alarma la duración de la prestación extraordinaria, así como la exoneración del pago de la cuota de autónomos. Estas asociaciones fundamentan sus demandas en la decisión del Ejecutivo de permitir, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la prórroga de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para determinados sectores de actividad, en función de los datos que recaba periódicamente la Comisión de seguimiento tripartita laboral; también ponen como ejemplo la situación particular de colectivos con características similares que sí han visto protegidos sus derechos (como los trabajadores asalariados fijos discontinuos).

Por ello, se ha reclamado:

  • La prórroga de la prestación, en algunos casos hasta el 31 de diciembre.
  • El mantenimiento de la misma hasta que las cifras de facturación permitan al colectivo disponer de los recursos económicos para encarar la nueva normalidad con mínimas garantías, y para puedan asumir los gastos que generan sus negocios.
  • El uso de la prestación vinculada a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como a un criterio de descenso de los ingresos.
  • El estudio particularizado de cada caso, ya que una misma actividad puede no presentar la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en que se desarrolla.
  • Definir la prestación extraordinaria en periodos trimestrales, para facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en lo que se refiere a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

En cuanto al procedimiento que oficialmente solicitaron en su día las asociaciones ATA y UPTA de forma conjunta para una «nueva prestación extraordinaria», distingue:

  • La posibilidad de prórroga de la prestación extraordinaria mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a partir del 30 de junio.
  • El acceso de trabajadores que, estando afiliados y en situación de alta y habiéndola mantenido durante el segundo trimestre de 2020, no sean beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y se encuentren en uno de los siguientes supuestos: ver su actividad afectada por restricción debida a medidas y protocolos sanitarios más allá del 30 de junio; y que sus ingresos se hayan visto reducidos al menos en un 75% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de este año. Se debería mantener la afiliación y la situación de alta durante el periodo de cobro de esta nueva prestación.
  • La incorporación de trabajadores autónomos no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad que, estando afiliados y en situación de alta a 31 de mayo (recordemos que la solicitud al Gobierno se materializó en ese mes) no hayan solicitado la prestación, y los trabajadores que acrediten haber cotizado, al menos, 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019 (actividades de temporada), siempre que cumplan alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior y mantengan la afiliación y el alta.
  • Una prestación extraordinaria de cese de actividad desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre, cuando persista el hecho causante que motivó su concesión en el trimestre anterior (este caso llevaría únicamente a la exoneración del 50% de la cuota de Seguridad Social, y no a la que sería general en esta propuesta, del 75%).

Para los supuestos de no renovación automática, los trámites se iniciarían con un plazo de solicitud durante los diez primeros días hábiles del mes de julio, ante la mutua correspondiente y aportando una declaración responsable. Las propias mutuas emitirían una resolución provisional de concesión, que daría derecho al cobro de la prestación, sin perjuicio de la revisión posterior.

Por tanto, la principal reclamación se extendería, según esta propuesta, hasta el 30 de septiembre, previendo además que mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se pueda prorrogar aún más hasta fin de año, en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan llegada esa fecha.

Por otro lado, y aparte de la extensión temporal de la prestación, también se ha instado un subsidio especial para autónomos vinculados a actividades estacionales e incentivos fiscales, entre otras muchas propuestas.

Hasta el momento, y sin perjuicio de medidas de refuerzo para determinados colectivos (trabajadores agrarios, artistas en espectáculos públicos, etc.) no se ha adoptado la medida de prorrogar la prestación extraordinaria, ni la adopción de planes a largo plazo que atiendan a los múltiples factores que afectan a los autónomos.

En consecuencia, estos trabajadores se encuentran ante el fin de la prestación extraordinaria y una situación de incertidumbre e inseguridad, dadas las dificultades de muchos sectores de actividad económica y teniendo en cuenta que la reapertura de sus negocios conlleva una serie de costes laborales y gastos que no podrían compensarse sin este apoyo.

Recordemos que la prestación es una medida más de protección, que se acompaña de otras como el reconocimiento y pago de ayudas, créditos ICO (solicitados por más de un millón de autónomos), microcréditos, la moratoria en el pago de las cuotas o el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social, así como diversas líneas de subvención estatales y autonómicas

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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¿Deudas con Hacienda? Aprende cuando se extinguen o prescriben.

La Ley General Tributaria contempla varios supuestos de extinción y prescripción de deudas tributarias. Si tienes deudas con Hacienda, te interesa leer este artículo.

¿Cuándo se extingue la deuda?

Hay algunas razones obvias que debes conocer, a pesar de que, tal vez, no son las primeras en las que estás pensando.

  • Pagando la deuda. Mediante el pago de la deuda se extingue su obligación. Te recomendamos disponer de carta de pago actualizada a fecha del día en que vayas a realizar el pago para evitar que un cálculo erróneo de intereses o recargos hagan que queden cantidades pendientes.
  • Por compensación. La deuda también puede extinguirse total o parcialmente si Hacienda tiene una deuda a tu favor. Por ejemplo, si tienes pendiente percibir una devolución de la declaración del IRPF, la Agencia Tributaria compensará las cantidades debidas con aquellas que te tenía que devolver. Si el importe de la deuda supera la cantidad que Hacienda debe devolverte, la cantidad restante continuará quedando a deber y generando intereses y recargos.
  • La condonación de la deuda también és una opción posible aunque no muy frecuente. El Código Civil recoge la posibilidad de que Hacienda perdone de forma total o parcial una deuda.
  • En el caso de deudas aduaneras, también es posible la extinción en los casos en los que la normativa así lo establece (haremos artículo específico sobre esta materia).
  • Finalmente, también habrá extinción de la deuda si esta acaba prescribiendo.

¿Cuándo prescribe la deuda?

El artículo 66 de la Ley General Tributaria dice lo siguiente:

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

    1. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
    2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
    3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
    4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Estos cuatro años son contados a partir del término del plazo reglamentario y voluntario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

Se trata, además, de una extinción de oficio, es decir, que se da sin que haya reclamación por parte de la persona interesada, del obligado tributario. Por tanto, pasados estos cuatro años, la Administración no puede exigir el pago de la deuda tributaria y sus correspondientes sanciones, pero el autónomo o la pyme (el contribuyente en general) también pierden el derecho a realizar cualquier acción derivada, esto es por ejemplo, la solicitud de la devolución de ingresos indebidos.

Si bien es cierto que cuatro años es el plazo general de preescripción de una deuda tributaria, Hacienda puede interrumpir el proceso mediante envío de notificación, por motivos específicos que se dan en caso del derecho de la Administración tanto a liquidar o a exigir el pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas y a solicitar devoluciones y reembolsos como el derecho del contribuyente a obtener también devoluciones o reembolsos. Aunque como decimos los motivos son específicos, las causas más destacables para la interrupción del plazo de preescripción son:

Cualquier acción o movimiento de la Administración tributaria sobre la deuda tributaria puestos en conocimiento del deudor.

La interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase ante las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de las mismas.

Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario sobre la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, la devolución, reembolso o rectificación de la autoliquidación.

Por cualquier actuación de Hacienda para realizar la devolución o el reembolso.

Por la declaración de concurso de acreedores por parte del deudor.

La recepción de la comunicación de un órgano judicial en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

Además, es importante saber que si recibes una notificación de Hacienda con aviso de inicio de procedimiento de inspección, el plazo de prescripción ya no será de cuatro años sino que se amplía a ocho años.

Por último, decir que el plazo de prescripción también se amplía a diez años en caso de procedimiento de comprobación por parte de Hacienda de las deudas compensadas o pendientes de compensación así como de las deducciones aplicadas o pendientes de ello, por lo que es imperativo legal mantener la información justificativa durante ese periodo de tiempo.

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¿Cuáles son las coberturas sociales de un trabajador autónomo?

A menudo nos encontramos en el despacho con esta consulta recurrente. Muchos trabajadores autónomos, o personas que tienen intención de iniciar el trabajo por cuenta propia no conocen cuáles serán las coberturas sociales a las que tienen derecho por su cotización en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA).

En este artículo queremos explicaros cuáles son y en qué consisten.

En primer lugar hemos de decir que existe una gran variedad de coberturas para el autónomo y que éstas dependen del tipo de cotización que escogen. También puede darse el caso de que el autónomo esté obligado a cotizar por alguna determinada contingencia, por las características de su actividad.

Incapacidad Temporal

A esta cobertura también se la conoce como Contingencias Comunes, y es obligatoria para todos los autónomos, excepto para aquellos que ya estén cotizando por esta cobertura en otro régimen, como por ejemplo aquellos que trabajan en Régimen General y tienen una segunda actividad como autónomos (pluriactividad).

Es la cotización mínima que soportan todos los autónomos y que da derecho a la cobertura de las bajas laborales causadas por una enfermedad común o un accidente no laboral. Este tipo de bajas las gestiona el médico de cabecera del sistema público de salud.

La cotización resultante de este concepto se obtiene de aplicar un 29,90% a la base de cotización que haya escogido el autónomo.

Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional

Son conocidas como las Contingencias Profesionales, y tanto los Accidentes de Trabajo (AT) como las Enfermedades Profesionales (EP) son gestionadas por las mutuas. Así, cualquier accidente en el lugar de trabajo o cualquier enfermedad relacionada con la profesión deberán ser tratadas por la mutua escogida en el momento del alta, que será quien tramitará la baja y la cantidad a cobrar durante los días en los que no se trabaje.

En principio, la cobertura de AT y EP es voluntaria, aunque hay algunos colectivos de autónomos que están obligados a cotizar por esta contingencia.