¿Qué debe hacer si ha recibido una notificación de Hacienda?

En un momento u otro de tu vida como autónomo o empresario recibirás alguna notificación de la Agencia Tributaria. Esto es un hecho prácticamente inevitable.

Después de lo desagradable de la recepción del aviso de notificación será necesario ver de qué se trata. Normalmente será un requerimiento, una liquidación provisional (confección de declaración paralela), o incluso una sanción

En este artículo te indicamos cuáles son los pasos a seguir cuando eso suceda.

La mayor parte de las veces estas notificaciones se deben a incongruencias o errores cometidos por los propios contribuyentes en sus declaraciones tributarias, o por campañas de inspección específicas sobre aspectos concretos de tu actividad o tus declaraciones. Por eso es tan importante llevar a cabo siempre las autoliquidaciones de forma correcta, en tiempo y en forma. Por ese motivo, aquellos contribuyentes que dejan su patrimonio personal y empresarial en manos de expertos en derecho financiero y tributario, son los que menos notificaciones reciben de hacienda.

En cualquier caso, estés o no asesorado por un experto, ante todo, tranquilidad.Vamos a sugerirte algunos sencillos pasos para que puedas afrontar esta eventualidad como lo que es: un simple trámite administrativo más que no tiene porqué finalizar con una sanción.

La importancia de los PLAZOS!

Lo primero que debes hacer es averiguar y anotar la fecha de recepción de la notificación y el modo en que te ha llegado (en papel, a través de notificación electrónica…). Aunque puedes recibirla en papel (sobretodo particulares y personas físicas), para todos los profesionales, autónomos y personas jurídicas ya es obligatoria la notificación telemática, por lo que es más sencillo determinar la fecha de acceso a la notificación.

Además de la página web de la Agencia Tributaria, también puedes recibir avisos de notificaciones de la Dirección Electrónica Habilitada a través de la web https://notificaciones.060.es/ a la que deberás acceder mediante certificado digital o Cl@ve. En última instancia, a través de tu gestor, asesor fiscal, abogado o representante si lo has habilitado para ello.

Además, cada notificación puede iniciar un procedimiento administrativo distinto y corresponder un plazo también distinto para la contestación de la misma: por ejemplo, los requerimientos tributarios deben atenderse en diez días hábiles, sin embargo las liquidaciones provisionales llevan aparejado un plazo de un mes (contado de fecha a fecha) para su recurso. Pero para todas ellas existe algo en común: la administración tiene obligación de informar sobre el plazo con que contamos para ejercer nuestro derecho de defensa. Por tanto, únicamente basta con leer la notificación administrativa de que se trate, para saber con qué plazo contamos para contestar. 

Es el momento de leer con ATENCIÓN

El siguiente paso es sin duda leer atentamente toda la notificación y entender el motivo de la misma. Determinar exactamente qué nos están pidiendo y por qué razones.

En cuanto a las notificaciones tributarias, la gran mayoría vienen a resaltar alguna incongruencia o error cometido por el contribuyente, y del que hacienda se da cuenta mediante diversos métodos, fundamentalmente el cruce informático de información. Existen diversos procedimiento administrativos en materia tributaria. No se trata de enumerarlos todos, pero sí conviene saber qué tipo de procedimiento se inicia: por ejemplo, si la notificación que recibiste es el origen de un procedimiento de comprobación limitada, gestionado por la Agencia Tributaria, o bien se trata de un procedimiento de inspección, llevado a cabo por verdaderos órganos inspectores, que no dependen de la Agencia Tributaria propiamente. Sin duda, es mucho más deseable que nos encontremos en el primero de los supuestos.

Si has recibido un requerimiento

En el caso de haber recibido un requerimiento, que abre el procedimiento de comprobación limitada, dispondrás de diez días hábiles para enviar a la Agencia Tributaria todos aquellos documentos y aquella información que te requiera.

Es importante atender siempre, en tiempo y forma, este tipo de requerimientos tributarios. Con ello evitarás posteriores sanciones por obstrucción, que pueden llegar a ser muy elevadas (en algunos casos la sanción mínima es de 10.000 euros).

Se trata de un paso previo pero de vital importancia. Porque lo relevante aquí no es alegar, sino documentar. Es una fase previa o de instrucción. De los documentos e información que aportes a la Agencia Tributaria en la atención del requerimiento, dependerá en gran medida la resolución del procedimiento de comprobación. Por eso debes asesorarte debidamente y pensar bien qué documentos debes o no aportar.

Una vez cumplas con el trámite y atiendas el requerimiento, la Agencia Tributaria podrá considerar que no va a practicar regularización alguna por encontrarse todo en orden. Siendo esto lo deseable. O bien formular una propuesta de liquidación en base a sus comprobaciones y cálculos. Que no es otra cosa que proponer una paralela a alguna de tus declaraciones o autoliquidaciones tributarias. Por encontrar inexactitud en las mismas. En este caso, ya sí deberás formular alegaciones. Por lo que es muy recomendable acudir a un experto en la materia.

El procedimiento sancionador

En cualquier caso, hemos hablado de un procedimiento de comprobación acerca de un tributo. Pero existen aparejados también los denominados procedimientos sancionadores. Antiguamente la sanción venía establecida en el mismo documento y procedimiento en el que se giraba la liquidación provisional o deuda tributaria: conocida vulgarmente como paralela. Sin embargo, a día de hoy resulta que no puede imponerse una sanción tributaria a ningún contribuyente sin que se lleve a cabo el oportuno procedimiento sancionador. Que debe ser independiente al procedimiento de comprobación principal del que derive. 

Por ejemplo, si has recibido una notificación de hacienda por la que ésta considera que no te has llevado a cabo correctamente la deducción por tu vivienda habitual en el IRPF del ejercicio pasado, de esa notificación podrá derivar una deuda tributaria, como consecuencia de no haber confeccionado debidamente tu declaración de la renta. Pero en ningún caso podrán sancionarte por ello en ese mismo procedimiento y hasta que no termine el mismo. Las sanciones siempre pueden ser objeto de suspensión, sin prestación de aval ni garantía por parte del sujeto pasivo, en vía administrativa.

No obstante, la Agencia Tributaria, en este supuesto que comentamos a modo de ejemplo, podría iniciar un procedimiento sancionador con el fin de sancionar pecuniariamente esa incorreción cometida por parte del contribuyente. Este procedimiento sancionador es muy importante, porque además de que el contribuyente tiene que pagar el principal de la deuda tributaria antedicha, debe asumir también una sanción o multa de hacienda por ello. Seguidamente te descubrimos algunas pistas importantes a tener en cuenta.

Asimismo, el derecho de la Administración a abrir un procedimiento sancionador, prescribe a los cuatro años desde la comisión de la supuesta infracción tributaria. Por otro lado, el plazo para resolver el procedimiento sancionador, es de seis meses desde su inicio.

No todas las comprobaciones o inspecciones deben llevar aparejada una sanción

Conviene decir aquí que no todas las comprobaciones o inspecciones deben llevar aparejada una sanción. Sin embargo, esta afirmación no es tenida muy en cuenta por parte de la administración tributaria que por desgracia siempre emite las multas y sanciones tributarias de una forma demasiado automatizada, al menos actualmente. Con ello, contraviene lo establecido por nuestro propio Tribunal Supremo en distintas sentencias. Que viene a decir que para sancionar una conducta es necesario que exista una infracción del ordenamiento jurídico y existir por tanto un ánimo defraudatorio. Algo bastante lógico y justo, por otra parte, que cae por su propio peso y que además está en bastante sintonía con el espíritu de toda normativa punitiva.

En muchas ocasiones, las conductas de los contribuyentes no son defraudatorias sino erróneas. Por lo que en estos supuestos entendemos que no cabe sancionar o multar al obligado. Siempre que no infrinja el ordenamiento tributario. Por todo ello, es conveniente acudir a un experto en derecho tributario al recibir cualquier notificación o multa de hacienda, para que nos expliquen el verdadero alcance de la misma, y las armas y plazos con los que contamos para defendernos. 

En Vallès Gestió estamos a tu disposición para acompañarte en estos procesos. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes dudas o preguntas.

El Gobierno confirma que ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad a autónomos más allá del 30 de junio

El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La finalización del reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad el 30 de junio ha generado una situación de incertidumbre en este colectivo. No obstante, queremos informarles de que el Gobierno tiene la intención de ampliar esta ayuda más allá del 30 de junio 2020, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La prestación extraordinaria fue introducida en pleno estado de alarma por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para cubrir «la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria».

Su duración viene aparejada necesariamente a la del estado de alarma, cuya sexta y última prórroga tiene un plazo de vigencia del 8 al 21 de junio. Teniendo en cuenta la normativa dictada en el periodo de crisis sanitaria y salvo acuerdo en contrario, el 30 de junio finalizará la vigencia de la prestación.

Propuestas del colectivo de autónomos para prorrogar la prestación

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos, ATA, UPTA y UATAE han venido solicitado a los ministros de Economía, Trabajo e Inclusión desvincular al estado de alarma la duración de la prestación extraordinaria, así como la exoneración del pago de la cuota de autónomos. Estas asociaciones fundamentan sus demandas en la decisión del Ejecutivo de permitir, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la prórroga de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para determinados sectores de actividad, en función de los datos que recaba periódicamente la Comisión de seguimiento tripartita laboral; también ponen como ejemplo la situación particular de colectivos con características similares que sí han visto protegidos sus derechos (como los trabajadores asalariados fijos discontinuos).

Por ello, se ha reclamado:

  • La prórroga de la prestación, en algunos casos hasta el 31 de diciembre.
  • El mantenimiento de la misma hasta que las cifras de facturación permitan al colectivo disponer de los recursos económicos para encarar la nueva normalidad con mínimas garantías, y para puedan asumir los gastos que generan sus negocios.
  • El uso de la prestación vinculada a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como a un criterio de descenso de los ingresos.
  • El estudio particularizado de cada caso, ya que una misma actividad puede no presentar la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en que se desarrolla.
  • Definir la prestación extraordinaria en periodos trimestrales, para facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en lo que se refiere a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

En cuanto al procedimiento que oficialmente solicitaron en su día las asociaciones ATA y UPTA de forma conjunta para una «nueva prestación extraordinaria», distingue:

  • La posibilidad de prórroga de la prestación extraordinaria mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a partir del 30 de junio.
  • El acceso de trabajadores que, estando afiliados y en situación de alta y habiéndola mantenido durante el segundo trimestre de 2020, no sean beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y se encuentren en uno de los siguientes supuestos: ver su actividad afectada por restricción debida a medidas y protocolos sanitarios más allá del 30 de junio; y que sus ingresos se hayan visto reducidos al menos en un 75% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de este año. Se debería mantener la afiliación y la situación de alta durante el periodo de cobro de esta nueva prestación.
  • La incorporación de trabajadores autónomos no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad que, estando afiliados y en situación de alta a 31 de mayo (recordemos que la solicitud al Gobierno se materializó en ese mes) no hayan solicitado la prestación, y los trabajadores que acrediten haber cotizado, al menos, 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019 (actividades de temporada), siempre que cumplan alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior y mantengan la afiliación y el alta.
  • Una prestación extraordinaria de cese de actividad desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre, cuando persista el hecho causante que motivó su concesión en el trimestre anterior (este caso llevaría únicamente a la exoneración del 50% de la cuota de Seguridad Social, y no a la que sería general en esta propuesta, del 75%).

Para los supuestos de no renovación automática, los trámites se iniciarían con un plazo de solicitud durante los diez primeros días hábiles del mes de julio, ante la mutua correspondiente y aportando una declaración responsable. Las propias mutuas emitirían una resolución provisional de concesión, que daría derecho al cobro de la prestación, sin perjuicio de la revisión posterior.

Por tanto, la principal reclamación se extendería, según esta propuesta, hasta el 30 de septiembre, previendo además que mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se pueda prorrogar aún más hasta fin de año, en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan llegada esa fecha.

Por otro lado, y aparte de la extensión temporal de la prestación, también se ha instado un subsidio especial para autónomos vinculados a actividades estacionales e incentivos fiscales, entre otras muchas propuestas.

Hasta el momento, y sin perjuicio de medidas de refuerzo para determinados colectivos (trabajadores agrarios, artistas en espectáculos públicos, etc.) no se ha adoptado la medida de prorrogar la prestación extraordinaria, ni la adopción de planes a largo plazo que atiendan a los múltiples factores que afectan a los autónomos.

En consecuencia, estos trabajadores se encuentran ante el fin de la prestación extraordinaria y una situación de incertidumbre e inseguridad, dadas las dificultades de muchos sectores de actividad económica y teniendo en cuenta que la reapertura de sus negocios conlleva una serie de costes laborales y gastos que no podrían compensarse sin este apoyo.

Recordemos que la prestación es una medida más de protección, que se acompaña de otras como el reconocimiento y pago de ayudas, créditos ICO (solicitados por más de un millón de autónomos), microcréditos, la moratoria en el pago de las cuotas o el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social, así como diversas líneas de subvención estatales y autonómicas

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

¿Deudas con Hacienda? Aprende cuando se extinguen o prescriben.

La Ley General Tributaria contempla varios supuestos de extinción y prescripción de deudas tributarias. Si tienes deudas con Hacienda, te interesa leer este artículo.

¿Cuándo se extingue la deuda?

Hay algunas razones obvias que debes conocer, a pesar de que, tal vez, no son las primeras en las que estás pensando.

  • Pagando la deuda. Mediante el pago de la deuda se extingue su obligación. Te recomendamos disponer de carta de pago actualizada a fecha del día en que vayas a realizar el pago para evitar que un cálculo erróneo de intereses o recargos hagan que queden cantidades pendientes.
  • Por compensación. La deuda también puede extinguirse total o parcialmente si Hacienda tiene una deuda a tu favor. Por ejemplo, si tienes pendiente percibir una devolución de la declaración del IRPF, la Agencia Tributaria compensará las cantidades debidas con aquellas que te tenía que devolver. Si el importe de la deuda supera la cantidad que Hacienda debe devolverte, la cantidad restante continuará quedando a deber y generando intereses y recargos.
  • La condonación de la deuda también és una opción posible aunque no muy frecuente. El Código Civil recoge la posibilidad de que Hacienda perdone de forma total o parcial una deuda.
  • En el caso de deudas aduaneras, también es posible la extinción en los casos en los que la normativa así lo establece (haremos artículo específico sobre esta materia).
  • Finalmente, también habrá extinción de la deuda si esta acaba prescribiendo.

¿Cuándo prescribe la deuda?

El artículo 66 de la Ley General Tributaria dice lo siguiente:

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

    1. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
    2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
    3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
    4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Estos cuatro años son contados a partir del término del plazo reglamentario y voluntario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

Se trata, además, de una extinción de oficio, es decir, que se da sin que haya reclamación por parte de la persona interesada, del obligado tributario. Por tanto, pasados estos cuatro años, la Administración no puede exigir el pago de la deuda tributaria y sus correspondientes sanciones, pero el autónomo o la pyme (el contribuyente en general) también pierden el derecho a realizar cualquier acción derivada, esto es por ejemplo, la solicitud de la devolución de ingresos indebidos.

Si bien es cierto que cuatro años es el plazo general de preescripción de una deuda tributaria, Hacienda puede interrumpir el proceso mediante envío de notificación, por motivos específicos que se dan en caso del derecho de la Administración tanto a liquidar o a exigir el pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas y a solicitar devoluciones y reembolsos como el derecho del contribuyente a obtener también devoluciones o reembolsos. Aunque como decimos los motivos son específicos, las causas más destacables para la interrupción del plazo de preescripción son:

Cualquier acción o movimiento de la Administración tributaria sobre la deuda tributaria puestos en conocimiento del deudor.

La interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase ante las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de las mismas.

Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario sobre la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, la devolución, reembolso o rectificación de la autoliquidación.

Por cualquier actuación de Hacienda para realizar la devolución o el reembolso.

Por la declaración de concurso de acreedores por parte del deudor.

La recepción de la comunicación de un órgano judicial en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

Además, es importante saber que si recibes una notificación de Hacienda con aviso de inicio de procedimiento de inspección, el plazo de prescripción ya no será de cuatro años sino que se amplía a ocho años.

Por último, decir que el plazo de prescripción también se amplía a diez años en caso de procedimiento de comprobación por parte de Hacienda de las deudas compensadas o pendientes de compensación así como de las deducciones aplicadas o pendientes de ello, por lo que es imperativo legal mantener la información justificativa durante ese periodo de tiempo.