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La remuneración de los socios de sociedades mercantiles.

Una de las consultes más repetidas en el despacho es la de la retribución de los socios de una sociedad.

La nota de la Agencia Tributaria 1/2012 emitida por el Departamento de Gestión Tributaria empieza haciendo referencia a la complejidad y amplitud del tratamiento fiscal de las retribuciones de los socios de las entidades mercantiles.

La problemática en torno a la remuneración de socios y administradores de sociedades mercantiles deriva de las actitudes que las distintas Administraciones (tributaria, laboral e incluso mercantil) han manifestado en torno al tratamiento de las retribuciones de los administradores y socios, en cuanto a su correcto encuadramiento en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, la deducibilidad de las retribuciones de los administradores, la legalidad de los acuerdos mercantiles o sobre su inscripción en el Registro Mercantil, así como en relación con las distintas posibilidades de retribución de los socios por otras funciones realizadas para la empresa distintas de las derivadas de su condición de socios o administradores.

La remuneración de los administradores según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital

Nada suele ser gratis, por lo que generalmente, salvo las personas que se dedican a causas benéficas, a todo el mundo le gusta cobrar por su trabajo, pero, sin embargo, el artículo 217 de la LSC comienza diciendo que el cargo de administrador es gratuito, aunque continua matizando que los estatutos sociales pueden establecer lo contrario determinando un sistema de remuneración. Sin embargo, esta referencia a que el administrador trabaje gratis se suele recoger de manera estándar en muchos estatutos de empresas, pudiendo derivar luego en problemas con la Agencia Tributaria.

Es conveniente, por lo tanto, que la retribución de los administradores figure en los estatutos de la sociedad, de cara a deducir el gasto por este concepto, debiendo determinarse su cuantía de forma determinada o determinable, ya que si el cargo de administrador es gratuito o la retribución supera la cuantía fijada estatutariamente o por la junta general, el gasto no será fiscalmente deducible en su totalidad o en la cuantía en que supere el importe de la retribución fijada en virtud del artículo 15 e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El sistema de remuneración establecido para el administrador determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, pudiendo ser uno varios de los siguientes:

  • una asignación fija,
  • dietas de asistencia,
  • participación en beneficios,
  • retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
  • remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
  • indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y
  • los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables, algo que desgraciadamente se vio en determinadas entidades financieras cuyos responsables fueron indemnizados, a pesar de que las entidades que administraban tuvieron que ser rescatadas con dinero público.

Los socios de sociedades que realizan actividades profesionales y que, además, están dados de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social por el porcentaje de participación que tienen en la empresa, emitirán una factura en lugar de recibir una nómina para cobrar su trabajo en la sociedad.

La nueva  Ley 26/2014 del IRPF, en su párrafo al artículo 27 de la LIRPF, deja claro algo que era fruto de controversia y de diversas interpretaciones en los últimos años.

Desde el 1 de enero de 2015, día en que entra en vigor la reforma fiscal, se considerarán ingresos de actividades económicas (actividades profesionales), en lugar de ingresos de trabajo, los obtenidos por los servicios prestados por los socios trabajadores de sus sociedades, siempre que se cumplan estas dos condiciones:

  1. Realizan actividades calificadas como profesionales por la Agencia Tributaria (estas actividades son las incluidas en la sección segunda de las tarifas del IAE).
  2. Están incluidos en el Régimen Especial  de Autónomos (RETA) o una mutualidad alternativa.

Se estará incluido en la Seguridad Social, en el Régimen Especial  de Trabajadores Autónomos (RETA) según dos parámetros:

  1. El porcentaje de propiedad en la sociedad.
  2. Si se tiene el control de efectivo de la sociedad (labores de administrador, dirección o gerencia).

Se ha publicado un PDF con el esquema de encuadramiento en la Seguridad Social.

Implicaciones para los socios profesionales

El socio profesional deberá:

  • Darse de alta en la actividad profesional ante la Agencia Tributaria.
  • Revisión de la domiciliación de la cuota de autónomos.
  • Emitir facturas por su trabajo en lugar de tener nóminas.
  • Llevar una contabilidad o, al menos, los libros de ingresos y gastos.
  • Presentar las declaraciones fiscales trimestrales.

A continuación vemos en detalle cada uno de estos puntos.

Alta en el censo de profesionales y empresarios de la Agencia Tributaria

El socio profesional debe darse de alta en Hacienda en su actividad profesional, en el epígrafe del IAE que le corresponda de entre los de la sección 2ª. El alta se realizará mediante un modelo 036 o 037 (alta simplificada).

Este alta en la actividad económica le permite también al socio poder facturar a cualquier otro cliente además de a su propia empresa.

Revisión de la domiciliación de la cuota de autónomos

El socio, probablemente, ya estará dado de alta en el RETA como socio trabajador de la sociedad, por lo que no tendrá que hacer una nueva alta.

No obstante, en algunos casos era la propia empresa la que tienen domiciliada y paga la cuota de autónomos del socio (como una retribución en especie). En este caso debería de cambiar la domiciliación de pago a cuenta del socio.

Emisión de facturas por el trabajo realizado

El socio deberá emitir una factura para cobrar su trabajo, en lugar de recibir una nómina de la empresa.

La factura por los trabajos profesionales deberá :

  • Incluir el IVA correspondiente a los servicios, del 21% salvo para los servicios que están exentos.
  • Incluir y descontar una retención del IRPF, que para los profesionales es del 19% a partir del 1 de enero de 2015.

Llevar una contabilidad o, al menos, los libros de ingresos y gastos

Al hacer el alta censal en la Agencia Tributaria, el profesional deberá elegir el sistema de estimación del resultado de su actividad:

  • Estimación Directa Normal (EDN)
  • Estimación Directa Simplificada (EDS)

Lo habitual es elegir el sistema simplificado, puesto que la EDN exige llevar una contabilidad ajustada al Plan General Contable como una sociedad, mientras que la estimación directa simplificada  (EDS) sólo supone llevar:

  • Libro de Ingresos.
  • Libro de Gastos.
  • Libro de Bienes de Inversión.

Presentar declaraciones fiscales trimestrales

Los socios profesionales deberán presentar las declaraciones trimestrales de:

  • Liquidaciones de IVA: modelo 303.
  • Pagos fraccionados: modelo 130 (sólo en el caso de que menos del 70% de los servicios facturados lleven una retención).

Ventajas de hacer facturas en vez de tener una nómina

Ahora el socio profesional va a poder deducirse los gastos que tenga por la actividad profesional y que con una nómina no podía hacer.

Del resultado de la actividad económica podrá deducir hasta 2.000€ (desde 2015) por gastos de difícil justificación cuando los incluya en su Declaración de la Renta.

Esta deducción es compatible con la de rendimientos de trabajo (hasta 2.000€ también desde 2015) si además se tienen alguna nómina por administrador o por trabajos para otros empleadores.

Si el importe de sus servicios es elevado, probablemente la retención a aplicar en la factura del 19% (ó 15% en algunos casos) puede ser muy inferior a la retención que se le aplicaría en una nómina, con lo cual puede tener mayor liquidez mensual.

Inconvenientes de hacer facturas en vez de tener una nómina

El principal inconveniente, como hemos visto, es la mayor carga de obligaciones administrativas y fiscales.

De cualquier forma, si algún profesional prefiere seguir teniendo nómina en lugar de emitir facturas debería cambiar su porcentaje de participación o labores de administrador/dirección en la sociedad para dejar de estar incluido en el RETA, o bien cambiar su actividad económica a una actividad no profesional (aunque esta opción es mucho más complicada).

AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN PYME

ASPECTOS RELEVANTES EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE UNA PYME

Realizar una ampliación de capital puede ser una decisión trascendente para el futuro de tu empresa. Para que sepas cómo gestionar adecuadamente una operación de este tipo, te explicamos todos los aspectos, trámites y precauciones que deberás tener en cuenta.

En el ADN de toda empresa está escrito el ir poco a poco abordando nuevos proyectos, actividades e inversiones. En un momento u otro, esa senda de crecimiento probablemente aconseje aumentar los recursos de la sociedad para afrontar con solvencia los retos, ya sea mediante nuevas aportaciones de capital de los socios o dando entrada a otros accionistas con dinero fresco bajo el brazo.

A su vez, lo que esto normalmente implicará es una ampliación de capital o, lo que es lo mismo, un incremento de su capital social, bien por la emisión de acciones nuevas o bien por un aumento del valor nominal de las actuales. Llegado ese momento habrás de preguntarte, ¿qué implicaciones tiene una decisión así para los socios promotores? ¿Cómo debéis llevar a cabo la operación?

Cambio en los estatutos

Ampliar el capital social dará a tu proyecto empresarial mayor fortaleza y una imagen de seriedad, por ejemplo, ante inversores y entidades de crédito. En todo caso, debes saber que una operación así “supone modificar los estatutos y, por tanto, requiere de la aprobación de la junta general de accionistas. Aunque en las sociedades anónimas excepcionalmente cabe la opción de delegar dicha facultad en el consejo de administración”, recuerda Javier Redonet, abogado y socio del bufete Uría Menéndez.

Para aprobar esa operación puede hacer falta además un régimen de mayorías cualificadas. Margarita García de la Calle, profesora asociada del IE y acostumbrada a asesorar a empresas, destaca que “a veces no basta con que se haga por un 51%. Es normal encontrarse con mayorías de dos tercios. Dependerá de lo que se pacte en los estatutos de la sociedad”.

Los pasos a seguir

Por lo que se refiere a la iniciativa de la ampliación, es al consejo de administración (o en su caso al administrador único) a quien normalmente corresponde proponerla a la junta de accionistas, aunque, por ley, cualquier accionista que posea más del 5% de la propiedad puede pedir que se convoque una junta y plantear sus propias alternativas de proyecto, incluyendo ampliar el capital social.

En todo caso, recuerda Redonet, la propuesta de ampliación debe ir siempre acompañada “de un informe de administradores que explique la operación: en qué consiste, cómo se va a hacer, cuáles son sus términos económicos, finalidad, etc.”. Una vez que se llegue a un acuerdo, habrá que acudir al notario para elevarlo a escritura pública y “con un certificado del banco acreditando que el dinero ha sido ya depositado”. Seguidamente, la escritura deberá inscribirse en el Registro Mercantil.

Cuestiones clave. Pero antes de llegar a ese punto y que la propuesta de ampliación vaya para adelante, son varios los aspectos que deberéis concretar. Para los expertos, las cuestiones clave serían sobre todo dos. En primer lugar, decidir cuál va a ser el valor al que se emitan las acciones. Es decir, si los suscriptores de estas nuevas participaciones van a pagar por ellas “el mismo precio que se les dio en su momento (el valor nominal) o si se ha generado un valor, y tienen que entrar ya con una prima. Será en este caso cuando empiece a complicarse el tema”, apunta García de la Calle.

Según la profesora del IE, “uno de los problemas que pueden plantearse es que no todos los socios estén dispuestos a acudir a la ampliación. En ese caso, aquellos que no acudan se van a diluir y tendrán menos participación”.

Intereses divididos. “¿Qué hace la empresa en ese caso, pierde la oportunidad de crecer porque a alguien no le venga bien poner más dinero en ese momento, o crece, aun dejando que ese socio reduzca su participación?”, plantea García de la Calle. Previendo que conflictos así es frecuente que se den, en opinión de esta empresaria y consultora lo mejor es que ya en la creación de la empresa, o en el momento en que vayan a entrar nuevos accionistas, “se llegue a un pacto de socios, definiendo un marco de actuación y unas reglas donde se acuerde cómo se tiene que actuar en estos casos”.

Cómo continuar

El segundo factor a tener en cuenta al proponer una ampliación de capital es que exista o no derecho de suscripción preferente para los antiguos accionistas. En el supuesto de que la ampliación sí contemple este derecho (es lo más habitual), “todos los accionistas podrán acudir a ella y desembolsar su parte, aunque, si no quieren hacerlo, pueden vender sus derechos a terceros”, recuerda Javier Redonet. Al ejercer el derecho, los antiguos accionistas tendrán la opción de seguir presentes en el capital social de la empresa en la misma proporción que antes.

Ampliaciones sin derecho. No obstante, no toda ampliación implica un derecho de suscripción preferente. Es posible proponer operaciones sin derecho, bien porque se renuncie a él de común acuerdo de los socios o porque ese privilegio se excluya, algo que puede hacer la junta “siempre que haya un fin legítimo de interés social”. Por ejemplo, en el caso de que se quiera incorporar a la sociedad a un nuevo accionista que aporte fondos. En los casos de exclusión del derecho, es necesario que su interés se acredite en un informe de administradores, “que está sujeto a control judicial –apunta Redonet– de forma que si un accionista no está conforme con el acuerdo lo pueda impugnar y entonces se vería en los tribunales”.

¿Y si la aportación es un bien tangible?Otro de los supuestos de exclusión del derecho son las ampliaciones no dinerarias. Sería el caso de alguien que cediera un inmueble u otro bien a una sociedad. Redonet aclara que “al no ser aportaciones de líquido sino un activo concreto, que sólo puede proporcionar su propietario, él es también el único que puede suscribir la ampliación. Por lo que respecta a las SL, la ley no excluye el derecho de suscripción preferente aun en el caso de que la aportación sea no dineraria, si bien la junta puede aprobar su supresión. En todo caso, una ampliación puede siempre ser impugnada “por cualquier socio que no haya votado a favor de ella”, recuerda el experto de Uría Menéndez.

Ampliar o no ampliar

En opinión de Margarita García de la Calle, uno de los errores de las empresas en estos últimos años “ha sido lanzarse con muy poco dinero a poner proyectos en marcha y tener después que conseguir compañeros de viaje que los financien” en lugar de “asumir que cuando uno empieza un negocio tiene que estar dispuesto a jugarse su propio dinero, y además puesto como capital”. La consultora recuerda que el emprendedor dispone de varios instrumentos para poner capital en su empresa, según prefiera que el dinero entre o no como capital social. En el caso de la ampliación de capital “una de las ventajas es la fortaleza que da a tu compañía y la imagen de solvencia que se ofrece”.

Son muchos los nuevos empresarios y pymes que ven con prevención estas operaciones tanto por los costes y trámites que implican como por la pérdida de autonomía en caso de dar entrada a nuevos socios. Para AJE Madrid, a pesar de la restricción del crédito bancario en España son minoría (“no más de un 10% de los casos”) las compañías que apuestan por buscar un socio de capital privado o business angel que aporte nuevos fondos a cambio de entrar en el capital social de la empresa.

Tipos de ampliaciones

En función de su naturaleza, se pueden distinguir varias clases de ampliaciones de capital:

Dinerarias. En su caso, lo que se efectúa es una aportación de efectivo a la sociedad. Sería el ejemplo estándar.

No dinerarias.En lugar de dinero en efectivo, se aporta un activo a cambio de acciones. Se necesita entregar alguna documentación que acredite la propiedad del bien, junto con una valoración económica del mismo. Este tipo de operaciones, comenta Javier Redonet, se suelen efectuar cuando se quiere dar entrada al capital a un nuevo socio que va a aportar “un activo esencial para el desarrollo de la sociedad”: un inmueble, un vehículo, una patente…

Por compensación de créditos.Esta operación se da cuando una empresa ofrece canjear una cantidad que adeuda por capital de su sociedad, por lo que, recuerda Redonet, “en realidad lo que se hace es una reclasificación contable”. En los últimos tiempos se ha dado bastante en el ámbito de las sociedades inmobiliarias.

También, según el precio que deban pagar los suscriptores por cada acción nueva (y que es fijado por la sociedad), existen diversas clases:

Liberada.Cuando la ampliación se realiza con cargo a las reservas de la sociedad, de forma que no se necesita aportar dinero nuevo para obtener los títulos que proporcionalmente correspondan. Basta con poseer los derechos de suscripción.

A la par.En este caso, el precio será el mismo del nominal del título.

Por encima de la par.Además del valor nominal de las acciones para adquirirlas, hará falta pagar una prima de emisión fijada de antemano.

Un caso práctico, paso a paso

Pongamos que posees una startup que venda online complementos personalizados. La demanda ha crecido tanto que la firma aspira a multiplicar sus referencias y asumir la producción…

Aún en una empresa pequeña que quiera ampliar capital pueden surgir dificultades.Pongamos que posees una startup que venda online complementos personalizados. Y que, en plena moda de la customización, la demanda ha crecido tanto que la firma aspira a multiplicar sus referencias y asumir la producción.

Supongamos que este proyecto nació con un capital social de 4.000 euros, aportados entre tú y otros tres socios. Ahora, para afrontar los proyectos que queréis, necesitáis un crédito de más de 200.000 euros. Para concederlo, el banco os exige ampliar capital en 60.000 euros. Pese a la oportunidad que representa, uno de los socios se niega a aportar más dinero. Por el contrario, existen dos nuevos inversores interesados en entrar en el capital. En vez de dinero, uno de ellos aportaría una patente de software que permite gestionar pedidos desde el móvil.

¿Qué problemas se plantean? Comentando este supuesto, Margarita García de la Calle y Jorge Hernández Burriel, socio de Cuatrecasas, recuerdan que si fuesen los fundadores quienes aportasen el dinero en el porcentaje que actualmente poseen (25%) “lo más cómodo sería hacer la ampliación a nominal”, es decir, al precio que en su día se dio a la acción. Sin embargo, como uno de los socios se opone, es necesario fijar un valor para la operación.

Evitar perjuicios. Aunque el 25% que posee el díscolo no es suficiente para frenar la ampliación (incluso en caso de que los estatutos exigiesen dos tercios a favor), “ésta debería hacerse sin vulnerar sus derechos”. Es decir: no a menos del valor de los fondos propios. La particularidad aquí es que “son inversores terceros los que van a aportar los fondos, y a los emprendedores les interesa negociar con ellos un valor más alto, para no diluirse tanto. Si se hiciese a fondos propios, los nuevos socios se quedarían el 92% de la compañía”. Igualmente, para dar entrada a estos inversores sin vulnerar el derecho de suscripción preferente “los socios pueden renunciar todos a él o, de no querer alguno, excluirse el derecho en junta general”.

Cómo fijar el valor. La alternativa que sugieren Hernández Burriel y García de la Calle pasa por hacer una valoración previa de la compañía en 90.000 euros (justificándolo en un informe). En números redondeados, si emitís para la ampliación “2.666 participaciones de un euro de valor nominal y 21,50 euros de prima”, se podrán captar los 60.000 euros que deseáis. Al haber acordado esa valoración de 90.000 euros para la empresa, el capital captado viene a representar un 40% del total. Así los fundadores conservarán el 60% (15% por socio), mientras que los nuevos inversores poseerán cada uno un 20%.

Aún quedaría el obstáculo del socio que aporta una patente en lugar de dinero: “El primer requisito sería verificar que ésta entre dentro del objeto social; si no habría que ampliarlo de forma previa a la aportación”, recuerdan los expertos. La ventaja es que “en una SL los socios pueden asignar a la patente el valor que crean (30.000 euros en nuestro ejemplo), si bien los administradores y aquellos socios que no se opongan, responderían personalmente”.

Pacto preventivo

Realizar una ampliación de capital puede ser una decisión trascendente para el futuro de tu empresa. Para que sepas cómo gestionar adecuadamente una operación de este tipo, te explicamos todos los aspectos, trámites y precauciones que deberás tener en cuenta.

“Para mí, una ampliación de capital es muy parecida a un divorcio: si lo haces de mutuo acuerdo, es muy sencillo, pero si lo haces a las malas, puede ser un horror”, afirma Margarita García de la Calle. Consciente de que cuando surgen los problemas es en el momento de decidir si se lleva a cabo la ampliación, y a qué precio y condiciones se efectúa, recomienda a los emprendedores firmar previamente un pacto de socios en donde queden fijadas las reglas de juego: cómo se va a hacer, por qué mayoría se ha de acordar, cómo se calcularán los valores, etc. Las ventajas de ello resultan evidentes cuando se mira el largo plazo:

Negociar en frío. “Cuando les comento esta idea a los emprendedores me replican que cómo van a pedir firmar eso a sus socios justo en ese momento en que todos están ilusionados con el proyecto. Entonces les parece un mundo lejano, pero precisamente por eso, por no ser un caso real, es cuando se pueden pactar cosas lógicas y objetivas, que gusten a todo el mundo”.

Protección frente a los mayores. Igualmente, el pacto previo puede ser una forma de protegerte cuando te vas a asociar “con alguien con mucho más dinero que tú”, aunque se trate del socio capitalista que te aporte la financiación”.

Sobre la devolución del IRPF de la prestación por maternidad

¿La prestación por maternidad de 16 semanas que la Seguridad Social abona a las madres durante su baja, se considera un ingreso exento en el IRPF o no? Pues la verdad es que, a fecha de hoy, depende de quién lo diga.

Si lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia reciente, que si bien no sienta jurisprudencia, sí abre la puerta a poder recuperar lo pagado en la declaración de la renta desde el año 2012 (lo anterior… ha prescrito!), sí. Son ingresos exentos.

Sin embargo, si lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (Octubre 2016), entonces será que no. En una sentencia reciente se ha pronunciado exactamente en sentido contrario al TSJ de Madrid, y se alinea con la interpretación de la Agencia Tributaria, que considera que sólo las prestaciones por maternidad autonómicas y locales estan exentas en el IRPF.

La sentencia del TSJ de Andalucía, que avala la tesis de Hacienda, falla en contra de una contribuyente que en 2011 cobró 11.706 euros por la prestación de maternidad y defendió su exención para no presentar la declaración de la renta. Cuando una madre causa baja por maternidad, es la Seguridad Social quien asume durante 16 semanas el sueldo, que equivale a su base de cotización. Para el TSJ de Andalucía  resulta evidente que esta prestación no entra dentro de la categoría de rentas exentas que contempla la Ley del IRPF. Para Hacienda y el TSJ de Andalucía, la norma deja claro que solo las prestaciones por maternidad autonómicas y locales están exentas.

La Sentencia del TSJ de Madrid

El TSJ de Madrid, en su sentencia de 6 de julio de 2016 considera que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social durante la baja por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la Ley del IRPF.  Este argumento es contrario. Como antes hemos visto,  al el criterio seguido hasta ahora por la Agencia Tributaria y avalado también por el TSJ de Andalucía en sentencia de octubre de 2016, que defiende que esta ayuda debe tributar como un rendimiento del trabajo.

Además, según esta sentencia del TSJ de Madrid,  el permiso de paternidad, de 15 días, también estaría exento de pago.

Ahora bien, hay que tener presente que se trata de una primera sentencia que no crea jurisprudencia y, aunque muy importante, debe valorarse con la debida prudencia, y teniendo en cuenta que hay una sentencia del TSJ de Andalucía en sentido contrario.

Hasta que no dispongamos de sentencias de unificación de doctrina, difícilmente la Agencia Tributaria cambiará su criterio respecto a este tema. 

Solicitar la devolución ¿Cómo actuar?

La sentencia del TSJ de Madrid no obliga a Hacienda a modificar el criterio que sigue para este tipo de prestaciones,  pero abre la posibilidad de que las contribuyentes que las hayan percibido desde el año 2012 (ya que todo lo anterior habría prescrito) reclamen a través del Juzgado la devolución de los impuestos pagados de más.

El próximo 1 de julio de 2017 termina el plazo para que los contribuyentes que cobraron en 2012 la prestación de maternidad puedan reclamar la devolución ante Hacienda y eviten la prescripción.

Por el mismo motivo, a los contribuyentes de otras comunidades autónomas les podría interesar recurrir también. Es probable que Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades emitan progresivamente sentencias sobre este asunto, y por lo tanto deberemos estar atentos a su evolución.

Por tanto, más tarde o más temprano habrá de existir una unificación de los Tribunales  al respecto, pero hasta que esto se produzca, esta sentencia del TSJ de Madrid ha elevado las posibilidades de ganar el procedimiento en vía judicial.

Los pasos que hay que dar antes de llegar a la vía judicial serían estos:

  1. Escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos. El primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de  ingresos indebidos, ante nuestra delegación de hacienda, haciendo constar el ejercicio que se reclama y concepto jurídico.
  1. Alegar y recurrir hasta agotar la vía administrativa. Lo más probable es que nos contesten desfavorablemente, por lo que deberemos presentar alegaciones y recursos a todas las resoluciones en las que nos denieguen nuestra petición hasta que finalice la vía administrativa. Con el escrito del punto anterior habremos abierto la vía administrativa, por la cual la administración nos contestara probablemente desestimando y nos dará un plazo de 10/15 días para interponer alegaciones. Alegaciones que presentaremos y que lo más seguro sean igualmente desestimadas.

Un vez contestadas las alegaciones podremos interponer recurso de reposición y a continuación Reclamación Económico Administrativa que será resuelta esta última por el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente y fallaran probamente en contra, desestimando nuestra pretensión y así agotando la vía administrativa.

  1. Reclamar judicialmente. Finalizada la vía administrativa podremos iniciar un procedimiento judicial que es dónde más viabilidad tiene este procedimiento, para lo cual tendremos dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y así veremos si dicho tribunal nos da o no la razón.