¿Qué debe hacer si ha recibido una notificación de Hacienda?

En un momento u otro de tu vida como autónomo o empresario recibirás alguna notificación de la Agencia Tributaria. Esto es un hecho prácticamente inevitable.

Después de lo desagradable de la recepción del aviso de notificación será necesario ver de qué se trata. Normalmente será un requerimiento, una liquidación provisional (confección de declaración paralela), o incluso una sanción

En este artículo te indicamos cuáles son los pasos a seguir cuando eso suceda.

La mayor parte de las veces estas notificaciones se deben a incongruencias o errores cometidos por los propios contribuyentes en sus declaraciones tributarias, o por campañas de inspección específicas sobre aspectos concretos de tu actividad o tus declaraciones. Por eso es tan importante llevar a cabo siempre las autoliquidaciones de forma correcta, en tiempo y en forma. Por ese motivo, aquellos contribuyentes que dejan su patrimonio personal y empresarial en manos de expertos en derecho financiero y tributario, son los que menos notificaciones reciben de hacienda.

En cualquier caso, estés o no asesorado por un experto, ante todo, tranquilidad.Vamos a sugerirte algunos sencillos pasos para que puedas afrontar esta eventualidad como lo que es: un simple trámite administrativo más que no tiene porqué finalizar con una sanción.

La importancia de los PLAZOS!

Lo primero que debes hacer es averiguar y anotar la fecha de recepción de la notificación y el modo en que te ha llegado (en papel, a través de notificación electrónica…). Aunque puedes recibirla en papel (sobretodo particulares y personas físicas), para todos los profesionales, autónomos y personas jurídicas ya es obligatoria la notificación telemática, por lo que es más sencillo determinar la fecha de acceso a la notificación.

Además de la página web de la Agencia Tributaria, también puedes recibir avisos de notificaciones de la Dirección Electrónica Habilitada a través de la web https://notificaciones.060.es/ a la que deberás acceder mediante certificado digital o Cl@ve. En última instancia, a través de tu gestor, asesor fiscal, abogado o representante si lo has habilitado para ello.

Además, cada notificación puede iniciar un procedimiento administrativo distinto y corresponder un plazo también distinto para la contestación de la misma: por ejemplo, los requerimientos tributarios deben atenderse en diez días hábiles, sin embargo las liquidaciones provisionales llevan aparejado un plazo de un mes (contado de fecha a fecha) para su recurso. Pero para todas ellas existe algo en común: la administración tiene obligación de informar sobre el plazo con que contamos para ejercer nuestro derecho de defensa. Por tanto, únicamente basta con leer la notificación administrativa de que se trate, para saber con qué plazo contamos para contestar. 

Es el momento de leer con ATENCIÓN

El siguiente paso es sin duda leer atentamente toda la notificación y entender el motivo de la misma. Determinar exactamente qué nos están pidiendo y por qué razones.

En cuanto a las notificaciones tributarias, la gran mayoría vienen a resaltar alguna incongruencia o error cometido por el contribuyente, y del que hacienda se da cuenta mediante diversos métodos, fundamentalmente el cruce informático de información. Existen diversos procedimiento administrativos en materia tributaria. No se trata de enumerarlos todos, pero sí conviene saber qué tipo de procedimiento se inicia: por ejemplo, si la notificación que recibiste es el origen de un procedimiento de comprobación limitada, gestionado por la Agencia Tributaria, o bien se trata de un procedimiento de inspección, llevado a cabo por verdaderos órganos inspectores, que no dependen de la Agencia Tributaria propiamente. Sin duda, es mucho más deseable que nos encontremos en el primero de los supuestos.

Si has recibido un requerimiento

En el caso de haber recibido un requerimiento, que abre el procedimiento de comprobación limitada, dispondrás de diez días hábiles para enviar a la Agencia Tributaria todos aquellos documentos y aquella información que te requiera.

Es importante atender siempre, en tiempo y forma, este tipo de requerimientos tributarios. Con ello evitarás posteriores sanciones por obstrucción, que pueden llegar a ser muy elevadas (en algunos casos la sanción mínima es de 10.000 euros).

Se trata de un paso previo pero de vital importancia. Porque lo relevante aquí no es alegar, sino documentar. Es una fase previa o de instrucción. De los documentos e información que aportes a la Agencia Tributaria en la atención del requerimiento, dependerá en gran medida la resolución del procedimiento de comprobación. Por eso debes asesorarte debidamente y pensar bien qué documentos debes o no aportar.

Una vez cumplas con el trámite y atiendas el requerimiento, la Agencia Tributaria podrá considerar que no va a practicar regularización alguna por encontrarse todo en orden. Siendo esto lo deseable. O bien formular una propuesta de liquidación en base a sus comprobaciones y cálculos. Que no es otra cosa que proponer una paralela a alguna de tus declaraciones o autoliquidaciones tributarias. Por encontrar inexactitud en las mismas. En este caso, ya sí deberás formular alegaciones. Por lo que es muy recomendable acudir a un experto en la materia.

El procedimiento sancionador

En cualquier caso, hemos hablado de un procedimiento de comprobación acerca de un tributo. Pero existen aparejados también los denominados procedimientos sancionadores. Antiguamente la sanción venía establecida en el mismo documento y procedimiento en el que se giraba la liquidación provisional o deuda tributaria: conocida vulgarmente como paralela. Sin embargo, a día de hoy resulta que no puede imponerse una sanción tributaria a ningún contribuyente sin que se lleve a cabo el oportuno procedimiento sancionador. Que debe ser independiente al procedimiento de comprobación principal del que derive. 

Por ejemplo, si has recibido una notificación de hacienda por la que ésta considera que no te has llevado a cabo correctamente la deducción por tu vivienda habitual en el IRPF del ejercicio pasado, de esa notificación podrá derivar una deuda tributaria, como consecuencia de no haber confeccionado debidamente tu declaración de la renta. Pero en ningún caso podrán sancionarte por ello en ese mismo procedimiento y hasta que no termine el mismo. Las sanciones siempre pueden ser objeto de suspensión, sin prestación de aval ni garantía por parte del sujeto pasivo, en vía administrativa.

No obstante, la Agencia Tributaria, en este supuesto que comentamos a modo de ejemplo, podría iniciar un procedimiento sancionador con el fin de sancionar pecuniariamente esa incorreción cometida por parte del contribuyente. Este procedimiento sancionador es muy importante, porque además de que el contribuyente tiene que pagar el principal de la deuda tributaria antedicha, debe asumir también una sanción o multa de hacienda por ello. Seguidamente te descubrimos algunas pistas importantes a tener en cuenta.

Asimismo, el derecho de la Administración a abrir un procedimiento sancionador, prescribe a los cuatro años desde la comisión de la supuesta infracción tributaria. Por otro lado, el plazo para resolver el procedimiento sancionador, es de seis meses desde su inicio.

No todas las comprobaciones o inspecciones deben llevar aparejada una sanción

Conviene decir aquí que no todas las comprobaciones o inspecciones deben llevar aparejada una sanción. Sin embargo, esta afirmación no es tenida muy en cuenta por parte de la administración tributaria que por desgracia siempre emite las multas y sanciones tributarias de una forma demasiado automatizada, al menos actualmente. Con ello, contraviene lo establecido por nuestro propio Tribunal Supremo en distintas sentencias. Que viene a decir que para sancionar una conducta es necesario que exista una infracción del ordenamiento jurídico y existir por tanto un ánimo defraudatorio. Algo bastante lógico y justo, por otra parte, que cae por su propio peso y que además está en bastante sintonía con el espíritu de toda normativa punitiva.

En muchas ocasiones, las conductas de los contribuyentes no son defraudatorias sino erróneas. Por lo que en estos supuestos entendemos que no cabe sancionar o multar al obligado. Siempre que no infrinja el ordenamiento tributario. Por todo ello, es conveniente acudir a un experto en derecho tributario al recibir cualquier notificación o multa de hacienda, para que nos expliquen el verdadero alcance de la misma, y las armas y plazos con los que contamos para defendernos. 

En Vallès Gestió estamos a tu disposición para acompañarte en estos procesos. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes dudas o preguntas.

Reserva de dominio

Mi vehículo tiene una “Reserva de dominio” ¿Qué puedo hacer?

Una reserva de dominio está incluida normalmente en los acuerdos o contratos y financiación a plazos de bienes de cualquier clase, esto define que el vendedor mantiene la propiedad y el dominio de estos y únicamente se le estará otorgando al comprador su uso y posesión.

Normalmente se trata de una cláusula de los contratos de compras, alquiler de renting o de leasing, esto se suele ver en las compraventas de vehículos como coches, motos, camiones y en general vehículos a motor.

Esto viene a decir que una reserva de dominio, el comprador no dispondrá de su propiedad si no se levanta (normalmente cuando finaliza su pago) encontramos este problema a la hora de vender un vehículo sin la acción pertinente por parte de la entidad financiera.

¿Qué es la reserva de dominio de un coche o moto?

Se trata de la propia cláusula del contrato, establecida por la entidad financiera del vehículo, es decir la propietaria real del coche o vehículo adquirido (y que normalmente prorratea las cuotas del vehículo a sus compradores).

Es por ello que aunque compremos el vehículo, este seguirá siendo propiedad de la entidad financiera hasta el pago total de la financiación.

¿Qué implica la reserva de dominio?

Básicamente que no somos los propietarios del vehículo y que vamos a tener problemas a la hora de realizar un cambio de titularidad, dar una baja o importarlo. Si quieres estar al tanto de si un vehículo tiene reserva de dominio, puedes obtener un informe de tráfico para averiguarlo.

Cancelar reserva de dominio

Los pasos que se deben realizar son los siguientes:

PASO 1– Tener pagada al completo la cuota con la financiera, es indispensable y solicitar una nota simple del vehículo.
PASO 2- Solicitar a la entidad bancaria o financiera, la carta de pago original.
PASO 3– Solicitar el levantamiento de dominio con la carta en el Registro de Bienes Muebles.
PASO 4- Esperar a la actualización de las cargas de propiedad y comunicarse con tráfico para corroborar que está cambiado el nombre del propietario.

Finalmente, comentar que este trámite tiene un coste, y que suele ser uno de los principales impedimentos para realizar los cambios de nombre, por lo que si estás pensando en realizar este trámite no dudes más, la situación actual está ralentizando todo tipo de trámites.

¿Sabe cuando su empresa debe realizar una auditoría?

Una auditoría contable es la revisión sistemática de la contabilidad de una empresa. El objetivo es acreditar que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la sociedad y que la contabilidad está libre de errores.

Conoce cuándo una empresa está obligada a realizar una auditoría de cuentas.
Te explicamos quién puede firmar una auditoria.
Los auditores pueden ser internos o externos. En el caso de los auditores internos, lo que buscan es garantizar la calidad de la información contable para evitar errores en la toma de decisiones, o evitar posibles contingencias con la Agencia Tributaria.

Por su parte, los auditores externos, pueden ser contratados con la misma finalidad que un auditor interno. Pero también por imperativo legal, ya que determinadas empresas están obligadas a someterse a auditorías externas por un auditor independiente.

Las auditorias más habituales son las que se realizan obligatoriamente. En ellas, el auditor, tras la revisión de la contabilidad y de las cuentas anuales de la sociedad, emite un informe de auditoría. La principal finalidad de este informe es garantizar a los usuarios externos de las cuentas anuales que estas representan la imagen fiel de la sociedad.

¿Quién puede firmar el informe de auditoría?
El informe de auditoría ha de ser firmado por un experto independiente, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Para poder inscribirse en el ROAC, además de tener titulación universitaria, se tienen que superar unas pruebas teóricas y prácticas sobre contabilidad, economía y algunas ramas del derecho. Además, se debe certificar que se posee experiencia profesional en una firma o despacho de auditoría por un periodo mínimo de tres años.

El auditor no trabaja solo, sino que dispone de un equipo de profesionales cualificados que, siguiendo la normativa establecida en la Ley de Auditoría, realiza el trabajo de campo.

En el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley 22/2015, de auditoría de cuentas, se detallan las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría.

Entre los principales objetivos de este Real Decreto, se encuentran:

  • Aumentar la confianza en la auditoría de cuentas, tras el descredito al que se ha visto sometida después de varios escándalos protagonizados por algunas firmas de auditoría.
  • Reforzar la credibilidad del informe de auditoría, incrementando la fiabilidad de la información financiera que se audita y en la que confían los terceros.
  • Reforzar la transparencia en la actuación de los auditores.
  • Garantizar aún más su independencia.

¿Cuándo está una empresa obligada a realizar una auditoría contable?
Por lo general, una empresa tiene que hacer una auditoría contable cuando cumpla dos de las siguientes condiciones durante dos ejercicios seguidos:

  • Facturación de más de 5,7 millones de euros.
  • Total de activos de más de 2,8 millones de euros.
  • Media de más de 50 trabajadores durante el ejercicio.

También es obligatoria la auditoría de las cuentas anuales consolidadas cuando se superan dos de las siguientes límites durante dos ejercicios seguidos:

  • Facturación de más de 22,8 millones de euros.
  • Total de activos de más de 11,4 millones de euros.
  • Media de más de 250 trabajadores durante el ejercicio.

Otros motivos para realizar una auditoría
Además del cumplimiento de los parámetros establecidos en la legislación mercantil, a partir de los cuales existe la obligación de realizar una auditoría contable, existen otros motivos que pueden llevar a una empresa a auditar sus cuentas.

De manera voluntaria
Se busca transparencia y fiabilidad de cara a mejorar la imagen de la empresa frente a terceros, bien sean entidades de crédito, proveedores o clientes.

Otros motivos legales
Es el caso de las entidades cotizadas, compañías emisoras de oferta pública, sociedades de intermediación financiera y algunas ramas de seguros.

Realización de ciertas operaciones societarias
Es el caso de la realización de determinadas operaciones societarias, tales como fusiones, escisiones, etc.

Por instancia de uno de los socios
En aquellas sociedades anónimas o limitadas que no tienen obligación de auditarse, los socios que tengan una participación superior al 5% pueden solicitar, al registro mercantil de su provincia, la realización de una auditoría. Con ello lograrán máxima transparencia y fiabilidad sobre su inversión.

Para obtener determinadas subvenciones
Cuando una sociedad reciba una subvención y ésta tenga establecida en sus bases la obligatoriedad de pasar una auditoría contable. Lo mismo ocurre con las empresas que reciban subvenciones o ayudas de más de 600.000 euros en total, ya sea de la Administración Pública o de fondos de la Unión Europea.

Por lo tanto, es conveniente tener muy en cuenta los limites que existen para estar obligados a realizar una auditoría, ya que en el caso de que no se depositen las cuentas anuales con el informe de auditoría, tendría las siguientes consecuencias:

Cierre del Registro Mercantil. Lo que imposibilitaría poder registrar los actos jurídicos y mercantiles de la sociedad.
Imposición a la sociedad de una multa por un importe de 1.202,02 a 60.101,21 euros por parte del ICAC.
El auditor va a exigir de la empresa y su personal la máxima colaboración y, durante unas semanas, va a tener colapsado al departamento contable-administrativo. Además, con el fin de contrastarla con las cuentas, va a solicitar información sobre la compañía y sus saldos contables a bancos, asesores, clientes y acreedores.