Inicio

La plusvalía ¿Qué es y como funciona?

A pesar de que no se trata de un tributo en absoluto nuevo, es bastante común que los clientes se sorprendan de que tienen que pagar impuestos cuando venden una vivienda, o cuando la adquieren en herencia.

El impuesto al que nos referimos y que debe pagar el vendedor de la vivienda en el caso de compra-ventas, y el heredero en caso de herencia, es la conocida como Plusvalía, que en realidad es el nombre con el que popularmente se conoce al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Las confusiones vienen también, en parte, porque hay quien confunde esta figura impositiva con la plusvalía que obtenemos por la transmisión de una vivienda a efectos del IRPF, y lo cierto es que ese concepto también existe y se aplica.

¿En qué consiste la Plusvalía municipal o IIVTNU?

Es un impuesto de competencia municipal, que regula cada Ayuntamiento. El Consistorio del municipio donde se localiza el inmueble que transmitimos grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la revalorización que haya podido sufrir el suelo sobre el que se asienta la vivienda durante el tiempo en que hayamos sido propietarios.

La base imponible del impuesto estará constituida por el incremento de valor que tenga el terreno en el momento del devengo del impuesto (venta) y que haya experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años (a partir de esa antigüedad se aplica el coeficiente máximo, sin importar si son 20 o 50 los años durante los que se ha sido propietario del inmueble). En el caso de herencia, debe pagar el impuesto el nuevo propietario del inmueble, ya que quien lo transmite (el difunto/a), como es evidente, no puede hacerlo.

Por norma general, el valor del terreno será el que tenga el inmueble a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que coincidirá con el valor catastral del mismo.

Las reducciones y bonificaciones las regula cada Ayuntamiento, y por lo tanto habrá que estar al contenido de las Ordenanzas Fiscales del municipio en cuestión para el año en que se produce el devengo, pudiendo haber diferencias importantes entre un municipio y otro. En cualquier caso, el tipo impositivo aplicable no podrá superar nunca el 30% del valor de transmisión.

Cada vez son más los municipios que contemplan reducciones cuando la vivienda transmitida, especialmente en el caso de adquisición mortis causa, es la vivienda habitual del heredero, o cuando el grado de parentesco es el primer grado, etc…, pero no hay uniformidad alguna en cuanto al tratamiento de esas reducciones y bonificaciones por lo que habrá que estar a lo que diga la norma.

Los plazos son muy importantes

La fecha a partir de la cual comienzan a computar los plazos es la fecha en la cual el inmueble cambia de propietario. En el supuesto que la transmisión sea por defunción (herencias o legados) la fecha de transmisión es la fecha de defunción. En el resto de casos la fecha es la del documento público que refleje la transmisión (escritura, fecha de la subasta, fecha del acto de ocupación en los casos de expropiación…).

La fecha de un documento privado no cuenta sino la del día en que el documento ha sido incorporado o inscrito en un registro público de acuerdo con el día de la muerte de cualquiera de los que lo han firmado, o desde el día en que se ha entregado este documento a un funcionario público por razón de su oficio.

En caso de transmisión por compra-venta, el plazo máximo es de 30 días hábiles desde la fecha de la transmisión.

Si se trata de herencias, el plazo es de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los seis primeros meses. La prórroga se entiende concedida si transcurrido un mes desde la petición no hay una resolución que la deniegue. Sin embargo, antes de agotar el plazo de prórroga, el contribuyente tiene que presentar la autoliquidación, y es muy importante hacerlo ya que no hacerlo supone la pérdida del derecho a reducción o bonificación, aparte de las sanciones correspondientes.

Cuando se trata de actos mortis causa y se promueve la división judicial de la herencia se interrumpe el plazo indicado en el párrafo anterior para autoliquidar el tributo, pero las personas que se consideren con derecho a la herencia tienen que presentar una declaración comunicando el procedimiento judicial. El plazo empezará a contar de nuevo desde el día siguiente a la firmeza de la resolución con que ponga fin al procedimiento judicial.

En Vallès Gestió nos ocupamos de la gestión de tus compra-ventas de inmuebles o de la tramitación de la totalidad del proceso hereditario de tu familia.

No dudes en consultarnos. Estamos a tu servicio.

El Gobierno confirma que ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad a autónomos más allá del 30 de junio

El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La finalización del reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad el 30 de junio ha generado una situación de incertidumbre en este colectivo. No obstante, queremos informarles de que el Gobierno tiene la intención de ampliar esta ayuda más allá del 30 de junio 2020, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La prestación extraordinaria fue introducida en pleno estado de alarma por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para cubrir «la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria».

Su duración viene aparejada necesariamente a la del estado de alarma, cuya sexta y última prórroga tiene un plazo de vigencia del 8 al 21 de junio. Teniendo en cuenta la normativa dictada en el periodo de crisis sanitaria y salvo acuerdo en contrario, el 30 de junio finalizará la vigencia de la prestación.

Propuestas del colectivo de autónomos para prorrogar la prestación

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos, ATA, UPTA y UATAE han venido solicitado a los ministros de Economía, Trabajo e Inclusión desvincular al estado de alarma la duración de la prestación extraordinaria, así como la exoneración del pago de la cuota de autónomos. Estas asociaciones fundamentan sus demandas en la decisión del Ejecutivo de permitir, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la prórroga de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para determinados sectores de actividad, en función de los datos que recaba periódicamente la Comisión de seguimiento tripartita laboral; también ponen como ejemplo la situación particular de colectivos con características similares que sí han visto protegidos sus derechos (como los trabajadores asalariados fijos discontinuos).

Por ello, se ha reclamado:

  • La prórroga de la prestación, en algunos casos hasta el 31 de diciembre.
  • El mantenimiento de la misma hasta que las cifras de facturación permitan al colectivo disponer de los recursos económicos para encarar la nueva normalidad con mínimas garantías, y para puedan asumir los gastos que generan sus negocios.
  • El uso de la prestación vinculada a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como a un criterio de descenso de los ingresos.
  • El estudio particularizado de cada caso, ya que una misma actividad puede no presentar la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en que se desarrolla.
  • Definir la prestación extraordinaria en periodos trimestrales, para facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en lo que se refiere a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

En cuanto al procedimiento que oficialmente solicitaron en su día las asociaciones ATA y UPTA de forma conjunta para una «nueva prestación extraordinaria», distingue:

  • La posibilidad de prórroga de la prestación extraordinaria mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a partir del 30 de junio.
  • El acceso de trabajadores que, estando afiliados y en situación de alta y habiéndola mantenido durante el segundo trimestre de 2020, no sean beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y se encuentren en uno de los siguientes supuestos: ver su actividad afectada por restricción debida a medidas y protocolos sanitarios más allá del 30 de junio; y que sus ingresos se hayan visto reducidos al menos en un 75% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de este año. Se debería mantener la afiliación y la situación de alta durante el periodo de cobro de esta nueva prestación.
  • La incorporación de trabajadores autónomos no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad que, estando afiliados y en situación de alta a 31 de mayo (recordemos que la solicitud al Gobierno se materializó en ese mes) no hayan solicitado la prestación, y los trabajadores que acrediten haber cotizado, al menos, 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019 (actividades de temporada), siempre que cumplan alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior y mantengan la afiliación y el alta.
  • Una prestación extraordinaria de cese de actividad desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre, cuando persista el hecho causante que motivó su concesión en el trimestre anterior (este caso llevaría únicamente a la exoneración del 50% de la cuota de Seguridad Social, y no a la que sería general en esta propuesta, del 75%).

Para los supuestos de no renovación automática, los trámites se iniciarían con un plazo de solicitud durante los diez primeros días hábiles del mes de julio, ante la mutua correspondiente y aportando una declaración responsable. Las propias mutuas emitirían una resolución provisional de concesión, que daría derecho al cobro de la prestación, sin perjuicio de la revisión posterior.

Por tanto, la principal reclamación se extendería, según esta propuesta, hasta el 30 de septiembre, previendo además que mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se pueda prorrogar aún más hasta fin de año, en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan llegada esa fecha.

Por otro lado, y aparte de la extensión temporal de la prestación, también se ha instado un subsidio especial para autónomos vinculados a actividades estacionales e incentivos fiscales, entre otras muchas propuestas.

Hasta el momento, y sin perjuicio de medidas de refuerzo para determinados colectivos (trabajadores agrarios, artistas en espectáculos públicos, etc.) no se ha adoptado la medida de prorrogar la prestación extraordinaria, ni la adopción de planes a largo plazo que atiendan a los múltiples factores que afectan a los autónomos.

En consecuencia, estos trabajadores se encuentran ante el fin de la prestación extraordinaria y una situación de incertidumbre e inseguridad, dadas las dificultades de muchos sectores de actividad económica y teniendo en cuenta que la reapertura de sus negocios conlleva una serie de costes laborales y gastos que no podrían compensarse sin este apoyo.

Recordemos que la prestación es una medida más de protección, que se acompaña de otras como el reconocimiento y pago de ayudas, créditos ICO (solicitados por más de un millón de autónomos), microcréditos, la moratoria en el pago de las cuotas o el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social, así como diversas líneas de subvención estatales y autonómicas

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Las inspecciones tributarias se podrán desarrollar por vía telemática

En el BOE de 17 de junio de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, en el que, entre otras normas, se modifica la Ley General Tributaria para establecer que las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales (videoconferencias u otros sistemas similares).

El Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio (publicado en el BOE y en vigor el 17 de junio), que regula la creación del Fondo COVID-19 y establece las reglas relativas a su distribución y libramiento, ha modificado la Ley General Tributaria, para regular las actuaciones mediante videoconferencias u otro sistema similar en los procedimientos de aplicación de los tributos.

Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios 

Se establece que las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

Asimismo, precisa que será la Administración tributaria la que determine la utilización de estos sistemas si bien requiere la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.

Lugar de las actuaciones inspectoras

También se modifica el contenido relativo al lugar de las actuaciones inspectoras, para establecer que las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse también además de en los lugares habituales (domicilio fiscal del obligado tributario, donde se realicen las actividades gravadas…) en otro lugar cuando las mismas se realicen a través de los sistemas digitales, precisando también que su utilización requiere la conformidad del obligado tributario.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.